De nuevo Guatemala en la lista de países con graves violaciones a los DDHH
Fecha de publicación: 20 abril, 2023Este jueves será presentado el Informe Anual de la CIDH. Guatemala figura por segunda vez en la lista de reprobación de países por incumplir sistemáticamente su obligación de combatir la impunidad y proteger los derechos humanos. El informe destaca “el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática” y ataques a la prensa independiente.
Por Isela Espinoza
La lucha contra la corrupción e impunidad, la independencia judicial y la persecución contra operadores de justicia a través del abuso de procedimientos de antejuicio con el objetivo de retirar a juzgadores de casos vinculados con el conflicto armado, así como de defensores de los derechos humanos y periodistas, son elementos que se agravaron en el Estado de Guatemala durante 2022, según concluye el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el capítulo Guatemala.
En el Informe Anual 2021, la Comisión incluyó a Guatemala a su lista negra de los países donde observa graves violaciones a los Derechos Humanos entre ellos: Nicaragua, Cuba y Venezuela. En esa ocasión la CIDH destacó “el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática” en el país, dirigido por el presidente Alejandro Giammattei, “las injerencias sistemáticas contra la independencia” del sistema judicial, las “irregularidades en el proceso de elección de magistrados”, así como “la criminalización y estigmatización” de jueces. Entre las posibles causas de ese deterioro se encontraba una “aparente falta de independencia del Ministerio Público” y el poder judicial.
Sin embargo, en el Informe Anual 2022, por segundo año consecutivo, la Comisión consideró que el Estado de Guatemala “incumple sistemáticamente con su obligación de combatir la impunidad, atribuible a una falta de voluntad”.
En este contexto, se ven vulnerables los derechos humanos de la población en especial de mujeres, pueblos indígenas y las víctimas del conflicto armado interno. La CIDH recordó que, en 2021, el Gobierno planteó su inconformidad por incluir a Guatemala en el informe y aunque presentó una propuesta para avanzar en los desafíos que visualizó la Comisión, así como entablar el diálogo mediante reuniones técnicas.
“Lamentablemente esta iniciativa no ha podido concretizarse a la fecha, en particular para lograr atender las recomendaciones específicas relacionadas con los temas planteados en el informe anterior. Asimismo, no ha podido realizarse un escrutinio internacional in situ como fue solicitado por esta Comisión”, se lee en el informe de este año.
Intimidación y hostigamiento
Durante 2022, la Comisión denunció que las acciones penales en contra de fiscales, exfiscales, así como jueces y juezas que tienen como común denominador casos por delitos como genocidio, desaparición forzada, tortura, delincuencia organizada y lavado de dinero, se enmarcan en un clima de amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización en su contra. La Corte Interamericana recordó que ha otorgado medidas provisionales a favor de operadores de justicia.
Por otro lado, el informe presenta casos específicos de criminalización entre ellos las recientes detenciones de la abogada Leily Santizo, exmandataria de la CICIG y Eva Siomara Sosa, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) así como el caso de Virginia Laparra, jefa de la FECI en Quetzaltenango y quien lleva un año de prisión a pesar de su deterioro en su salud. Aunque el Estado le dijo a la CIDH que Laparra puede hacer uso del recurso de apelación, este fue negado recientemente.
El debilitamiento de la (FECI) y otras unidades del Ministerio Público (MP) ha dejado, al menos 11 integrantes y ex integrantes de la FECI privados arbitrariamente de su libertad, ocho funcionarios y funcionarias fueron trasladadas de la FECI a otras dependencias y existirían otras 14 “bajas” de auxiliares o agentes fiscales, detalla el informe.
“En el periodo bajo análisis, la CIDH observa con preocupación que el contexto de impunidad ha contribuido a exacerbar un clima de censura e intensa judicialización de otras personas que cumplen un rol relevante en la vida pública y contribuyen al debate democrático en Guatemala, en particular, personas defensoras de derechos humanos y trabajadores de medios de comunicación”, afirma el texto al mencionar el caso del fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH desde 2003.
La CIDH monitorea la situación de los derechos humanos del país a través de convocatorias a audiencias públicas, entre ellas una realizada en marzo pasado donde participó el juez de primera instancia penal, Carlos Ruano, quien denunció el debilitamiento de la independencia judicial junto a otros jueces de la región. Además, la Comisión ha realizado solicitudes de información al Estado, que ha contestado que se “encuentra comprometido en la lucha contra la corrupción mediante una justicia fortalecida, independiente e imparcial”.
Por otro lado, el informe también evidencia el seguimiento que le dio a la selección y nombramiento de la fiscal general para el periodo 2022- 2026 en el que Consuelo Porras fue elegida para un nuevo mandato. “La CIDH recibió información sobre hechos que afectaron la independencia del funcionamiento de la Comisión de Postulación a partir de presiones externas contra sus integrantes mediante el uso del derecho penal”, enfatizó.
El informe recomienda al Estado reforzar las acciones en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Así como adoptar medidas que garanticen que los operadores de justicia realicen sus labores de manera imparcial e independiente y abstenerse de promover diligencias de antejuicio como medio de represalias.
Libertad de expresión
En cuanto a la libertad de expresión, la Relatoría Especial para la libertad de expresión comentó que este derecho continúo deteriorándose en 2022 especialmente contra periodistas independientes y medios de comunicación que investigan casos de corrupción, irregularidades en la gestión del Gobierno y violaciones de derechos humanos.
Según el informe, el Estado de Guatemala “ha indicado que en su parecer el derecho a la libertad de expresión se encuentra plenamente garantizado, y que ello se evidencia en la cantidad y diversidad de medios televisivos, radiales, gráficos y digitales que operan en el país, de forma libre e independiente”.
Sin embargo, durante una audiencia por el segundo caso contra Zamora acusado de conspiración para la obstrucción de justicia, la fiscal Cinthia Monterroso, de la FECI pidió al juez Jimi Bremer que ordenara investigar a nueve periodistas y columnitas vinculados a elPeriódico. El juez aceptó la solicitud bajo el delito de “obstaculización de la justicia”.
El informe señala que la Relatoría Especial también ha dado seguimiento al caso de los periodistas Juan Bautista Xol, Baudilio Choc y Carlos Choc, del medio de comunicación Prensa Comunitaria, quienes tienen procesos judiciales en su contra y han denunciado operativos policiales en sus viviendas con el objetivo de intimidarlos. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación negó a la CIDH que existan denuncias interpuestas o registro de operativos policiales en las residencias de los comunicadores.
“La Relatoría tuvo conocimiento que el 13 de septiembre, el Juez Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Izabal dictó falta de mérito a Carlos Choc sobre el delito de instigación a la violencia, en la causa penal vinculada a las protestas de El Estor, en octubre de 2021. Prensa Comunitaria ha advertido que aún persiste otro proceso penal en su contra”, agrega el informe.
Para la CIDH, “estos hechos ponen entredicho el compromiso del Estado con su obligación de combatir la impunidad y la corrupción y garantizar la independencia judicial, y por ende la propia vigencia de los derechos humanos de la población guatemalteca”.
La Comisión reiteró al Estado fortalecer el sistema de justicia y respetar su independencia. Además, expresó su disposición para “colaborar técnicamente” con Guatemala para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Entre otras recomendaciones, la CIDH también pidió al Estado fortalecer los mecanismos de prevención y protección para periodistas y abstenerse de ejercer presiones directas contra los medios de comunicación y sus trabajadores.
